"En política, hay que tomar muchas decisiones. Cuando se conoce a la gente con grandeza es en los momentos difíciles. Y Camps lo ha hecho con grandeza. Ha estado a la altura de las circunstancias y es una persona que tiene futuro donde quiera". Así se acaba de pronunciar el máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, sobre la dimisión de Francisco Camps tras ser procesado por el caso Gürtel. Lo ha dicho en el Paseo de los Tristes de Granada, donde ha visitado al alcalde y al nuevo presidente de la Diputación.
El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha instado a Rajoy a “tomar decisiones” tras la dimisión del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Blanco ha enmarcado, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la decisión de Camps en la cadena de dimisiones relacionada con la trama Gürtel.
El señor Camps está procesado. Va a haber un juicio ya, seguro, y no creo que haya ningún socialista en esas condiciones
José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía
Por su parte, Rajoy ha reforzado su estrategia de, una vez que Camps ha dimitido, ahora le toca el turno al PSOE por los casos Faisán, el supuesto aviso a ETA de una acción policial, y ERE, el fraude detectado en Andalucía con los fondos para expedientes de regulación de empleo y de los que se beneficiaron personas que no tenían derecho a ello.
"Una explicación de los superiores es lo mínimo. No puede ser que un responsable político no diga nada”, ha dicho en relación a la imputación de tres mandos policiales por el supuesto chivatazo y sobre el que el candidato del PSOE y ex ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no se ha querido pronunciar esta mañana.
"¿Qué pasaría si en cualquier otro país europeo el jefe de la Policía estuviese imputado por colaboración con banda armada. ¿No tendrían que dar explicaciones sus jefes políticos? Pero aquí dicen que no saben nada", ha añadido.
“Lo mismo pasa con los ERE de Andalucía. Se han aprovechado de mucho dinero. Es necesaria una explicación política y una investigación en el Parlamento”, ha asegurado sobre el fraude andaluz que está en manos de la justicia, pero sobre el que no se ha aprobado la creación de una comisión en la Cámara regional.
También se ha referido Rajoy a la medida aprobada ayer por el Parlamento andaluz que pretende cambiar la norma para que los alcaldes no puedan ser diputados autonómicos. "La ley electoral es una regla de juego y debe ser pactada con el acuerdo de todos. No se puede cambiar por mayoría y menos en el último minuto. No tiene explicación que un alcalde pueda ser eurodiputado y no diputado en Sevilla", ha afirmado.
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, se ha sumado al discurso de Rajoy y ha aprovechado para volver a reclamar el cese del presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, por el caso ERE. “Le exijo a Griñán que presente su dimisión porque en torno a él merodea la presunta prevaricación y la presunta malversación de fondos”.
El presidente de la Junta ha respondido a Rajoy y a Arenas desde Sevilla. "El señor Camps está procesado. Va a haber un juicio ya, seguro, y no creo que haya ningún socialista en esas condiciones". También ha destacado que, como ha manifestado Rajoy, "para el PP, Camps es un ejemplo".
Por último, Arenas también se ha referido a la propuesta para excluir a los regidores de la Cámara. “Es una gran cacicada echar a los alcaldes y hay que combatirla por tierra, mar y aire. Es una venganza por no haber ganado las elecciones municipales”.
Mientras, en Valencia, su alcaldesa, Rita Barberá, ha manifestado que Francisco Camps, "se ha fiado de quien no debía y se han aprovechado de él", algo que ha achacado a su "bonhomía" y a que tiene el "defecto" de que "se fía demasiado de demasiada gente", tal como ha explicado. Barberá mantiene su tesis y su posición y se ha mostrado "convencida, a título personal, de que Camps es inocente", a la vez que ha señalado que si se demuestra su inocencia en el juicio "será uno de los políticos más brillantes y con más futuro del PP". Ha destacado también que Camps es "una buena persona, honesta, honrada y trabajadora" que aúna "brillantez en la gestión política y bonhomía en su calidad humana", al tiempo que ha resaltado que "ha prestado un gran servicio al partido".
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El bar Faisán, en Irún. / JESÚS URIARTE
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz la retirada del procesamiento por colaboración con organización terrorista a los tres mandos policiales imputados en el caso Faisán. En el escrito, el fiscal Carlos Bautista establece que el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, no mantienen "afinidad ideológica" con los objetivos de ETA. Y precisamente por ello, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, pide que se les retire la imputación del delito de colaboración, ya que ninguno tiene sintonía con la banda.
De hecho, esta semana los tres mandos comparecieron ante Ruz para ser informados del auto de procesamiento dictado contra ellos, frente al que han presentado un recurso ante la sala de lo penal. A la comparecencia ante Ruz asistió el fiscal, quien formuló a los tres una única pregunta, esto es, si compartían o simpatizaban con la finalidad de ETA. La respuesta de los tres fue no. Uno de ellos, Pamiés, leyó ante el juez un escrito de 11 páginas en el que consideraba una injusticia que, siendo el policía más temido de ETA, dado que ha participado en la detención de casi 500 etarras, dijo, termine procesado por supuesta colaboración con la banda.
El fiscal considera que debe mantenerse el procesamiento por el delito de revelación de secretos
En su escrito de ayer, el fiscal señala que no existe delito de colaboración con organización terrorista, y además entiende que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el presunto chivatazo de la policía a la red de extorsión de la banda terrorista en 2006. El ministerio público, sin embargo, sí considera que debe mantenerse el procesamiento de los tres implicados por el delito de revelación de secretos y, por tanto, pide al juez Ruz que se inhiba en favor de los juzgados de Irún, donde se produjo el presunto chivatazo.
El pasado 13 de julio, el juez Ruz ordenó el procesamiento de Hidalgo, Ballesteros y Pamiés, por colaboración con la banda terrorista, revelación de secretos y, alternativamente, encubrimiento. Los tres mandos, que han recurrido el auto, se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha evitado pronunciarse sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de procesar a los tres mandos policiales. “Hay que dejar trabajar a la Justicia”, ha indicado Caamaño tras el Consejo de Ministros. No obstante ha destacado la "valía acreditada" en la lucha contra ETA de los inculpados.
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Nelson Mandela.
Otegi ya fue condenado a dos años de prisión y 16 de inhabilitación en marzo de 2010 por esta misma causa. El Tribunal Supremo anuló esa condena y ordenó, en febrero de este año, que se celebrara una nueva vista con otro tribunal, al apreciar "parcialidad de la presidenta" de la Sala, Ángela Murillo, que había juzgado a Otegi. En su resolución, el alto tribunal destacó que la juez "exteriorizaba un prejuicio acerca de la culpabilidad" de Otegi cuando le hizo la siguiente pregunta: "¿Usted condena rotundamente la violencia?". El exportavoz de Batasuna respondió: "No voy a contestar", a lo que la presidenta apostilló: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta". Otegi replicó: "Y yo que iba a hacerla".
En el nuevo proceso, el exportavoz de Batasuna aseguró que jamás había llamado a la "acción violenta" en sus intervenciones en actos públicos y negó que el evento fuera un homenaje a Sagarduy sino un acto de denuncia para pedir su libertad tras 25 años en la cárcel. Gatza, el preso más antiguo de la banda terrorista, salió en libertad el pasado 13 de abril tras cumplir 30 años y nueve meses de condena.
La repetición del juicio por el enaltecimiento a Sagarduy se celebró una semana después de la conclusión del caso Bateragune, en el que Otegi se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por intentar refundar la ilegalizada Batasuna. El dirigente abertzale, en prisión desde el 16 de octubre de 2009 por esta causa, aún tiene pendiente otra cita con los tribunales. La Audiencia investiga la financiación de la formación abertzale a través de las herriko tabernas, en el que está imputado por integración en organización terrorista. Otegi se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel. El pasado 21 de abril la Audiencia decretó su libertad bajo fianza de 50.000 euros por este caso.
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Actualmente, Fitch califica a Grecia con la peor nota de solvencia de entre todos los países que tienen rating con una CCC, lo que indica que es una inversión solo apta para amantes del riesgo y que está tres escalones por debajo del que se reserva a los especuladores, el de bono basura. No obstante, el anuncio de la agencia, a diferencia de en anteriores ocasiones, no ha tenido apenas efecto en la mejora que están registrando hoy los mercados financieros. La razón es que la UE y el Banco Central Europeo han anunciado en paralelo a la participación del sector privado -bancos y aseguradoras- medidas para paliar las consecuencias que tendrá la caída de Grecia al nivel de impago.
"La participación del sector privado que recoge el memorando de la cumbre y tal y como está descrita por el Instituto para las Finanzas Internacionales (el lobby que agrupa a unas 400 entidades y cuyo acrónimo en inglés es IIF) será, en opinión de Fitch, un fenómeno de impago restringido", afirma la agencia en una nota remitida a los inversores. Por este motivo, añade, la propuesta de canje de deuda prevista por Bruselas equivaldrá a "una pérdida neta del 20% para los bancos y otros acreedores de Grecia". El argumento que da para calificarlo de impago es que los títulos actuales se cambiarán por nuevos bonos cuyos términos son peores desde el punto de vista del inversor en términos de rentabilidad -ya que sus intereses serán más bajos para aliviar la carga de la deuda en las arcas griegas- y plazos de vencimiento.
Por este motivo y tal y como ya advirtió la agencia el pasado 6 de junio cuando empezaba a cobrar fuerza esta idea de una participación voluntaria y parcial de la banca en el coste del rescate a Grecia, Fitch situará al país en "impago restrictivo" y rebajará en consecuencia la calidad crediticia de los títulos canjeados al nivel de "impago", que se identifica con una D. Este recorte, explica la sociedad, tendrá lugar en la fecha en la que concluya el periodo para canjear los bonos.
Pese a ello, según ha destacado David Riley, el responsable de ratings soberanos de Fitch que firma el informe, la rebaja de los intereses exigidos y la extensión de los plazos de vencimiento ofrecen a Grecia un "oportunidad" de recuperar la solvencia, a pesar de los "desafíos formidables a los que se enfrenta".
En el texto pactado ayer por los países del euro se afirma que dado que "la gravedad de la situación de Grecia es única en la zona euro", se "requiere una solución excepcional" y acto seguido añaden que el sector financiero ha mostrado su disposición a apoyar a Grecia "de forma voluntaria" a través de un canje de bonos. El plan apunta a que la operación, en la práctica, no es del todo voluntaria. El Eurogrupo cifra en 37.000 millones de euros la contribución neta del sector privado en financiación entre 2011 a 2014 más un programa de recompra de otros 12.600 millones, que lleva el total a 50.000 millones. La estimación para el periodo 2011-2019 es de 106.000.
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